Más de un centenar de empleados federales, tanto actuales como antiguos, han presentado una demanda contra Elon Musk y la agencia DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), acusándolos de acceder a registros de personal altamente sensibles sin la debida autorización ni investigación. La demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, alega que DOGE, bajo la dirección de Musk, obtuvo acceso a datos confidenciales del personal federal, lo que representa una violación de la Ley de Privacidad. Este acceso, según los demandantes, podría exponerlos a riesgos significativos, incluyendo el despido injustificado y el acceso no autorizado a su información financiera por parte de ciberdelincuentes y actores extranjeros.
La controversia surge en un momento en que la agencia DOGE está implementando reformas y despidos masivos en el gobierno federal, aumentando las preocupaciones sobre la seguridad y el manejo de la información sensible de los empleados públicos. En este artículo, exploraremos los detalles de la demanda, las acusaciones específicas contra Elon Musk y DOGE, y las posibles implicaciones para la privacidad y la seguridad de los empleados federales.
Demanda Federal contra Elon Musk y DOGE por Acceso a Datos Confidenciales
Un grupo de 104 trabajadores, junto con varios sindicatos que representan a empleados gubernamentales, han interpuesto una demanda en el Distrito Sur de Nueva York. La demanda busca que la Oficina de Administración de Personal (OPM), la principal agencia de recursos humanos del gobierno, revoque el acceso de DOGE y sus agentes a los sistemas de la OPM.
La demanda argumenta que la OPM otorgó a DOGE y a sus agentes, muchos de ellos jóvenes y previamente empleados de las empresas privadas de Musk, acceso “administrativo” a los sistemas informáticos de la OPM sin someterlos a las rigurosas evaluaciones de seguridad nacional que normalmente se requieren. Entre los acusados se encuentran Elon Musk, DOGE, la OPM y el actual director de la OPM, Charles Ezell.
Violación de la Ley de Privacidad y Riesgos Potenciales
La demanda alega que la obtención de registros de la OPM por parte de DOGE infringe la Ley de Privacidad, que prohíbe el acceso indebido a datos personales, incluso entre agencias federales. Los demandantes sostienen que no existe ninguna excepción a la Ley de Privacidad que justifique el acceso de DOGE a los registros mantenidos por la OPM. Además, enfatizan que los agentes de DOGE no eran empleados gubernamentales cuando recibieron acceso a las redes informáticas de la OPM.
Un ejemplo destacado en la demanda es el de Edward Coristine, un joven de 19 años que trabajaba para DOGE. Según informes, Coristine fue despedido de una empresa de ciberseguridad tras una investigación interna sobre filtraciones de datos durante su empleo. Esta situación plantea serias dudas sobre la capacidad de DOGE para proteger la información sensible de los empleados federales.
Posibles Consecuencias Profesionales y de Seguridad
La demanda también advierte que el acceso de DOGE a los datos de los trabajadores federales podría acarrear graves consecuencias profesionales. Se menciona que tanto Elon Musk como el ex Presidente Trump han amenazado con despedir a empleados considerados desleales. La revelación de datos financieros también podría exponer a los trabajadores a ataques cibernéticos por parte de delincuentes y actores extranjeros.
La demanda busca una orden judicial para revocar el acceso de DOGE a los datos de la OPM y se considera la “fase uno” antes de una posible demanda colectiva, según declaró Victoria Noble, abogada de la Electronic Frontier Foundation.
Conclusión
La demanda presentada por más de cien empleados federales contra Elon Musk y la agencia DOGE plantea serias interrogantes sobre la seguridad y la privacidad de los datos gubernamentales. Las acusaciones de acceso no autorizado y la falta de evaluaciones de seguridad adecuadas generan una profunda preocupación, especialmente en un contexto de reformas gubernamentales y posibles despidos masivos. El resultado de esta demanda podría sentar un precedente importante en cuanto a la protección de la información personal de los empleados públicos y la responsabilidad de las agencias gubernamentales en la custodia de dichos datos.
El caso subraya la importancia de una supervisión rigurosa y la aplicación estricta de la Ley de Privacidad, así como la necesidad de garantizar que quienes acceden a información sensible cuenten con la debida autorización y capacitación. La batalla legal que se avecina podría tener implicaciones significativas para el futuro de la gestión de datos en el gobierno y la confianza de los empleados en la protección de su información personal.